El Ejecutivo elaboró un borrador para reemplazar la normativa vigente desde 2006. La propuesta habilita la educación en el hogar, mayor autonomía institucional y cambios en el financiamiento, con un rol central para las familias por encima del Estado.
El Gobierno nacional presentó ante el Consejo de Mayo un borrador de la futura Ley de Libertad Educativa, un proyecto que apunta a derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. La iniciativa abarca a toda la educación básica —inicial, primaria y secundaria— y mantiene sin cambios la Ley de Educación Superior que regula a las universidades.
El texto introduce transformaciones profundas. Entre ellas, habilita la educación en el hogar (“home schooling”) como una modalidad alternativa, junto con la educación híbrida y a distancia, sin especificar una edad mínima. En el caso del aprendizaje en casa, los estudiantes podrán acreditar contenidos mediante exámenes periódicos.
También autoriza a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario escolar. Además, incorpora la figura de los planes de estudio “propios”, que cada institución podrá diseñar según su ideario, siempre respetando los contenidos mínimos comunes establecidos a nivel nacional.
La educación básica es declarada “esencial”, lo que implica que, ante medidas de fuerza, deberá garantizarse la continuidad mínima del servicio educativo.
El borrador —de 136 artículos— retoma e incluso profundiza propuestas que aparecieron en el capítulo educativo de la primera Ley Bases de diciembre de 2023, elaborada entonces por Federico Sturzenegger. Según fuentes oficiales, el texto fue trabajado en conjunto por la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y el Ministerio de Desregulación.
El proyecto ubica en el centro el concepto de “libertad educativa”: el término aparece 27 veces en el borrador, por encima de las menciones al “Estado”, que asume un rol subsidiario respecto de las familias, consideradas “agente natural y primario de la educación de los hijos”.
El primer capítulo fija los lineamientos ideológicos. El sistema educativo se define como el conjunto de iniciativas promovidas por la sociedad y el Estado, y se organiza bajo tres principios: libertad educativa, rol preferente de la familia y subsidiariedad estatal. Aunque ya no se define la educación como “bien público”, se mantiene la gratuidad desde sala de cuatro hasta el final de la secundaria.
La “libertad de contenidos” es otro eje central. Cada escuela podrá elaborar planes propios bajo su proyecto institucional, complementados con los contenidos mínimos comunes —los actuales NAP—, que no podrán ocupar más del 75% del tiempo de clases.
El calendario escolar también cambia: ya no se expresa en días sino en horas. Se fijan 540 horas anuales para el nivel inicial y 720 para primaria y secundaria, un mínimo inferior al acordado por las provincias en 2024 (760 y 900 horas, respectivamente). A partir de ese piso, cada institución podrá definir su propio calendario.
El artículo 33 autoriza la enseñanza religiosa confesional optativa en escuelas estatales y fuera del horario escolar. También se incorpora como contenido obligatorio la enseñanza sobre la causa de las Islas Malvinas.
El artículo 37 introduce un fuerte cambio en la gestión institucional: otorga autonomía para definir el gobierno interno, elaborar planes propios, regular el personal, administrar recursos y fijar políticas de admisión, permanencia y disciplina. Para las escuelas estatales, se prevé una transición progresiva hacia este esquema.
En cuanto a las modalidades, no se menciona la “educación especial” como tal, sino que se habla de “alumnos con necesidades específicas”, incluyendo estudiantes con discapacidad, rurales, de educación hospitalaria o domiciliaria, y jóvenes con altas capacidades. La Ley de Educación Técnico Profesional se mantiene vigente.
El proyecto preserva las evaluaciones nacionales Aprender, pero las vuelve anuales y censales en el último año de primaria y secundaria. Además, habilita al Estado a publicar resultados por escuela —aunque sin identificar a estudiantes ni docentes—, algo actualmente prohibido por la Ley de Educación Nacional.
En materia de financiamiento, se elimina la meta del 6% del PBI. Se reafirma la “responsabilidad compartida” entre Nación y provincias, pero con un Estado de rol subsidiario. Las escuelas estatales y privadas tendrán igualdad de acceso al financiamiento público, que incluirá subvenciones, partidas especiales y ayudas directas a familias mediante becas, vales educativos o créditos fiscales.
Cada jurisdicción deberá evaluar periódicamente el gasto educativo y se creará un sistema federal de monitoreo de la inversión.
El proyecto también propone cambios en la organización de las escuelas: los directores deberán ejercer liderazgo pedagógico y podrán proponer la contratación o separación de docentes, siempre con ratificación provincial. Además, se crea el “consejo escolar de padres” para garantizar la participación familiar.
En la carrera docente, la formación inicial seguirá durando cuatro años y se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, reemplazo del actual INFoD. La estabilidad laboral quedará sujeta a desempeño satisfactorio, formación continua y ética profesional, con evaluaciones obligatorias cada cuatro años como máximo.
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