Ineficacia, propaganda y racismo. El laboratorio migratorio de Milei

El pasado fin de semana nuevamente la Dirección Nacional de Migración (DNM) realizó operativos junto con la policía, esta vez en el barrio de Liniers. Hace dos semanas el gobierno de Javier Milei dejó trascender que pensaba construir una especie de “ICE argentino” (Immigration and Customs Enforcement), y según se dijo sería un ex intendente del conurbano el encargado de dirigirlo. Sin embargo, más allá de los anuncios, que todavía se hacen esperar, lo que ha comenzado a hacer es simplemente controles callejeros de regularidad documental.

Este fin de semana, se dio una particular situación, cuando un periodista de la señal de cable Todo Noticias, Julio Bazan, acompañaba a los funcionarios mientras realizaba una crónica de los hechos. Ante la negativa de uno de los funcionarios a explicar el accionar, el periodista describió el despliegue y dio cuenta del nivel de improvisación y arbitrariedad de la DNM, a la par que dejó al descubierto el accionar racista: “Operativo de rutina no es porque no están todos los días acá. Es increíble como para eludir a los periodista te dicen esta pavada (...). Hay decenas y decenas de policías que están parando gente, que se meten masivamente en negocios a pedir documentos. (...). Por lo que pudimos ver, paran aleatoriamente, pero en un 99% paran a la gente de tez morena”.

En una explicitación brutal y vulgar del mito de la argentinidad mayoritariamente blanca, asumen a las personas racializadas como migrantes. No hay posibilidad de ser negro y argentino. Lo cierto es que desde que asumió esta gestión, han modificado la ley de migraciones por decreto, y también se firmó una nueva reglamentación de la Ley de Reconocimiento y Protección al Refugiado. En ambos casos sin debate público sobre las consecuencias de los cambios y sin contar con especialistas en la materia. Consultamos al respecto a Veronica Jaramillo, investigadora del CONICET y experta en migración: “Hay una nueva mirada de la política migratoria, la Ley de Migraciones 25.871, tenía en sus consideraciones la idea de una policía migratoria que nunca se llevó adelante, y un poco con el traspaso de la DNM al Ministerio de Seguridad esta situación tomó otro color, más en el radar de la criminalización de la migración”.

Entre los cambios normativos se listan los procedimientos sumarios, la habilitación de rechazos exprés de solicitudes sin análisis de fondo, y en el caso de la Comisión de Refugio, se desplazó a organizaciones especializadas y se incorporó a funcionarios del Ministerio de Seguridad, sin ningún tipo de conocimiento al respecto. En paralelo, pese a los cambios que desvirtuan completamente la Ley de Migraciones con el argumento de mayor control, los datos oficiales muestran que las cifras de expulsiones de personas extranjeras es baja, y muy parecida a las estadísticas que se mostraban antes de la modificación por decreto. Respecto de las estadísticas la Dra. Jaramillo señala: “Considerando que Argentina está en el momento de su historia con más baja cantidad de migrantes, en proporción al total de su población, son un poco absurdas las medidas que se están implementando. Son medidas populistas con la intención de generar terror y zozobra entre la población migrante. Por otra parte, los procesos de regularización que se han llevado adelante por años han surtido su efecto y mucha de la población que es revisada en ciertas zonas, no casuales, porque son zonas bastante racializadas, tienen documentos vigentes y en condiciones. (...) Es importante evidenciar la espectacularización del escenario, en cuales lugares se hace y la enorme difusión que le han dado a los operativos, con la intención de que sus adeptos confirmen que eso es exactamente lo que votan, como esa frase que usan en redes sociales. Esto es característico de los momentos de crisis, es cuando más fluye la xenofobia”.

A esto se suma la marcada ineficacia en la gestión, que se tradujo, entre otras cosas, en la falta de insumos para la impresión de documentos y en demoras prolongadas e injustificadas en los trámites migratorios. Procedimientos que antes se resolvían en un plazo de entre tres y seis meses hoy se extienden por más de un año, sin que las personas solicitantes reciban información clara ni explicaciones oficiales sobre los motivos de esas dilaciones.

Frente a este escenario, organizaciones sociales y referentes de la temática en todo el país se han pronunciado de manera crítica. Sin embargo, el gobierno evita cualquier instancia de diálogo y persiste en una política cerrada sobre sí misma. Consultada sobre esta situación, Alejandra Meza, Directora de Cultos, Políticas Migratorias e Integración Cultural del municipio de Avellaneda, señaló: “Como en experiencias anteriores, vuelve la criminalización de las personas migrantes, el recorte de derechos y la manipulación de datos para desinformar y justificar estas políticas, fomentando la xenofobia, la discriminación y la violencia, y desviando la atención de los verdaderos responsables de la crisis social y económica. En este contexto, la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, inspirada en el modelo del ICE estadounidense, genera una profunda preocupación. Aunque aún no se conocen plenamente sus alcances, en manos de gobiernos con una lógica punitivista y excluyente, este tipo de organismos representa un serio peligro para los derechos humanos, la convivencia democrática y las libertades y garantías individuales”.

Más allá de los millones de pesos destinados a propaganda por el Ministerio de Seguridad en los últimos dos años, no existe evidencia que muestre una reducción del ingreso irregular por las fronteras, que continúa siendo igual de bajo que en períodos anteriores. La novedad no está en los datos, sino en el relato, el gobierno equipara de manera deliberada el ingreso irregular con el narcotráfico, aun cuando este último no solo no se ha reducido, sino que crece en un contexto atravesado por denuncias contra funcionarios de esta gestión por presuntos vínculos con ese comercio ilegal; entre ellos el candidato principal en las últimas elecciones y una actual diputada.

Aunque durante un tiempo el gobierno intente encubrir su incompetencia con una maquinaria propagandística atravesada por un sesgo ideológico, los resultados no llegan ni para las personas migrantes ni para el conjunto de la sociedad. Se instala un discurso racista sin sustento en la realidad, amplificado por consignas grandilocuentes en redes sociales, mientras en el territorio crecen el desconcierto y los problemas cotidianos. El espectáculo que pretende taparlo todo comienza, lentamente, a mostrar sus fisuras.